Glenn Greenwald escribe frecuentemente para la revista Salon, y es autor del estudio “Despenalización de las drogas en Portugal: Lecciones para crear una política de drogas justa y exitosa” (en inglés), publicado por el Cato Institute. .
En noviembre los californianos votarán la Proposición 19, una iniciativa que busca legalizar la marihuana. Ya que ningún estado jamás ha tomado una medida similar, los votantes están siendo sometidos a una avalancha de aseveraciones que busca infundir temor —y que no se encuentra respaldada por la evidencia— sobre lo que sucedería si se aboliera la prohibición de las drogas. No debería ser así.
Hace diez años Portugal se convirtió en la primera nación occidental en aprobar una despenalización completa a nivel nacional. La ley, aprobada el 1 de octubre del 2000, abolió las sanciones criminales para todas los estupefacientes —no solo la marihuana, sino también “drogas duras” como la heroína y la cocaína. Esto aplica solamente a las drogas para consumo personal; el narcotráfico continúa siendo una ofensa criminal. Hoy contamos con una década de evidencia empírica sobre lo que en realidad sucede —y lo que no ocurre— cuando se eliminan las sanciones criminales contra la posesión de drogas.
Los individuos que son detectados con drogas en Portugal ya no son arrestados o tratados como criminales. Se les envía en cambio a un tribunal de profesionales de salud donde se les ofrece la oportunidad, pero no se les obliga, a recibir un tratamiento brindado por el gobierno. Para aquellos que son adictos, los tribunales tienen el poder de imponer sanciones civiles. Pero en la práctica, el objetivo general es dirigir a las personas hacia un tratamiento.
De acuerdo a cualquier indicador, la experiencia de Portugal con la despenalización de las drogas ha sido un éxito rotundo. El consumo de drogas en muchas categorías ha disminuido en términos absolutos, incluyendo para grupos demográficos importantes, como el de personas entre los 15 y 19 años. Donde las tasas de consumo han subido, los aumentos han sido modestos —mucho menor a los registrados en otras naciones de la Unión Europea, las cuales insisten en una política de penalización.
Portugal, que tenía uno de los problemas de drogas más graves en Europa, ahora tiene la tasa de consumo de marihuana más baja del continente, y una de las más bajas para cocaína. Todas las otras patologías relacionadas con las drogas, incluyendo el contagio de HIV, hepatitis y las muertes por sobredosis, han disminuido considerablemente.
Más allá de la evidencia, el éxito de Portugal con la despenalización queda patente por la ausencia de iniciativas políticas tendientes a reinstaurar la penalización. Tal y como uno esperaría de un país conservador y mayoritariamente católico, la propuesta de despenalización desató una intensa controversia hace una década. Muchos políticos vaticinaron consecuencias terribles, incluyendo aumentos masivos en el consumo de drogas entre los jóvenes y la transformación de Lisboa en un “paraíso de drogas para los turistas”.
Sin embargo, ninguno de esos temibles escenarios tuvo lugar. Los portugueses, capaces de comparar los serios problemas de drogas que tenían en los noventa con la muy mejorada situación de ahora, no tienen deseos de volver a los tiempos de la penalización. Tampoco hay políticos influyentes que lo estén proponiendo. La despenalización se volvió políticamente viable cuando el parlamento portugués conformó una comisión de expertos apolíticos con la tarea de determinar cómo el país podía lidiar de manera más efectiva con sus cada vez más graves problemas de drogas. La comisión determinó que la despenalización era la mejor política para reducir los daños relacionados con los estupefacientes. Lo ocurrido hasta ahora ha demostrado la sabiduría de dicha recomendación.
Podría parecer contra-intuitivo que la despenalización pudiera mejorar los problemas de drogas. Pero los funcionarios de narcóticos portugueses, con una década de experiencia con esta política, entienden las razones por las que se da esta relación causal.
Primero, cuando un gobierno amenaza con convertir a los consumidores de drogas en criminales, una barrera de miedo se erige entre los funcionarios y la ciudadanía, lo cual da al traste con un tratamiento efectivo y socava las campañas de educación. El principal funcionario de narcóticos de Portugal ha dicho que el estigma creado por la penalización del consumo de drogas y el temor al Estado eran los factores que más obstaculizaban la educación efectiva y los programas de tratamiento durante la década de los noventa.
Segundo, tratar una adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen significa que se pueden encontrar las soluciones adecuadas. Si el objetivo es que los adictos dejen de consumir drogas, la terapia es una estrategia mucho más efectiva que el encarcelamiento. Tercero, cuando el Estado ya no gasta exorbitantes cantidades de dinero en arrestar, enjuiciar y encarcelar a los consumidores de drogas, ese dinero puede utilizarse en programas de tratamiento altamente efectivos o en servicios como clínicas de metadona para limitar los daños relacionados con las drogas.
Cualquiera que sean las opiniones sobre liberalizar las leyes de drogas, el debate debe basarse en la evidencia empírica —no en la especulación y en aseveraciones que pretenden infundir miedo. Ahora que los votantes de California toman una decisión de gran repercusión sobre la política de drogas, la experiencia de Portugal con la despenalización ofrece exactamente el tipo de análisis racional que ha brillado por su ausencia en este debate.
Este artículo fue publicado originalmente en The Politico (EE.UU.) el 14 de octubre de 2010.
